Napo y la minería:
El rastro de la minería ilegal en Yutzupino, al sur de la provincia de Napo. Video cedido por Holger Michler.
Obtener un gramo de oro de las orillas de los ríos de la provincia de Napo, en la Amazonía de Ecuador, casi siempre implica codearse con la muerte. Más de cien máquinas retroexcavadoras remueven toneladas de tierra en busca de oro a orillas del Jatunyaku, uno de los afluentes del río Napo, el más grande de Ecuador que termina su viaje en el gran Amazonas.
Debajo de esas palas de metal, que simulan enormes tentáculos que trabajan día y noche, están José[1] (nombre ficticio) y su madre, arrodillados con una batea en las manos, lavando el poco oro que les permiten los mineros ilegales. Ambos lograron esquivar grandes rocas que cayeron de unos seis metros de altura. Se salvaron de milagro y los dos gramos de oro que obtuvieron los vendieron en la capital, Tena, a 40 dólares para poder alimentar a su familia
1. Nombre ficticio para proteger la seguridad de la fuente, un bateador indígena, de la comunidad Nueva Jerusalén que ha minado en campamentos mineros ilegales en Yutzupino y Naranjalito, cantón Tena, provincia de Napo.
Al menos otras doce personas no vivieron para contarlo. Murieron aplastadas por toneladas de tierra, golpeados por las palas, mientras se desarrollaba una especie de feria de una minería ilegal aluvial (a orilla de los ríos) sin precedentes, que explotó en octubre de 2021 en el sector de Yutzupino, cantón Tena. Y el festín minero ilegal continúa. Para diciembre de 2022 ya sumaban 125 hectáreas de bosque arrasadas por la minería, así lo reveló el proyecto MapBiomas Amazonía.
Mujer con su batea
Se alista para lavar oro en Yutzupino. Los mineros suelen cobrar $1 la entrada.
Oro de Yutzupino
Si se trabaja día y noche, se obtiene entre 600 u 800 gramos de oro. Cada gramo se vende a cerca de $50
Fotografías cedidas por un exinformante de inteligencia
militar que pidió la reserva de su nombre
Ellos son el eslabón más débil de la cadena, pobres entre los pobres, que han caído en una especie de esclavitud moderna promovida por los mineros ilegales. Como un hormiguero humano, entre retroexcavadoras y máquinas clasificadoras de oro tipo Z, se recolecta el oro en Napo, uno de los focos críticos más recientes de minería ilegal en Ecuador.
Esta historia es la radiografía que muestra cómo mineros ilegales y otros legales (solo en papeles) han esquilmado el oro del Napo a costa de cometer un ecocidio en el corazón de la Amazonía de Ecuador.
Frentes mineros en Yutzupino. Actualmente, colectivos sociales han identificado entre 150 y 200 retroexcavadoras en todos los frentes mineros de Napo: en cuatro concesiones de la minera Terraearth Resources S.A., también en Huambuno y Ahuano. Video cedido por Holger Michler.
La fuga del oro del país sudamericano fue alertada por la Organización de Estados Americanos (OEA) en febrero de 2022. El aumento inusitado de la minería ilegal en Napo y otras zonas del país desde 2019 coincide con el desbalance entre las exportaciones e importaciones de oro, especialmente a China.
Como los principales focos de minería ilegal en Napo, específicamente en Yutzupino, El Ceibo, Silverio Andi y Naranjalito, se asientan justo en concesiones mineras legales, este también es el relato del modus operandi de la mayor concesionaria minera de Napo, Terraearth Resources S.A, empresa china que acumula una larga lista de sanciones tras causar daños ambientales por explotación minera antitécnica, según la autoridad ambiental y minera, y acusaciones de extrabajadores de la compañía de legalizar a mineros ilegales a través de intenciones de contratos de operación minera.
Los focos de la
minería ilegal
Aunque Napo ha sufrido brotes de minería ilegal desde hace 25 años, desde 2021 se ha constituido en un foco rojo de actividades mineras para las autoridades ecuatorianas.
En este mapa el proyecto MAAP identifica los puntos críticos de minería ilegal en Napo, con base en el aumento de hectáreas de selva deforestadas. Imagen obtenida de la Fundación Ecociencia.
Puntos de minería ilegal en Yutzupino identificados por Ecociencia, el 17 de enero de 2022
"A Napo la están
matando con mercurio"
José Moreno, Coordinador de los Colectivos Sociales de Napo, en una comparecencia ante la Asamblea Nacional de Ecuador, el 13 de abril de 2023, con sus ojos casi nublados, pidió auxilio a los legisladores para detener la contaminación con mercurio y metales pesados de las principales cuencas hídricas de Napo (ríos Anzu, Jatunyaku y Napo). “Toda la contaminación llega a provincias vecinas y luego a Perú”, denunció el activista.
Actualmente, la cuenca alta del río Napo y varios afluentes tienen una alta concentración de metales pesados producto de la minería, unas 500 veces más que los límites permisibles, según un estudio realizado por tres universidades ecuatorianas.
En la comunidad de Yutzupino, Silverio Andi y El Ceibo hace casi dos años había selva. Hoy son un desierto rodeado por ríos contaminados. Todas las cuencas hídricas de esta parte de la Amazonía, que es el reservorio del 20 % del agua dulce del planeta, están siendo envenenadas.
Napo, sin agua y sin selva. “Monitoring of the Andean Amazon Proyect” (MAAP) levantó la alerta sobre el avance de la deforestación producto de la minería ilegal en la provincia, que ha experimentado un aumento del 300 % en los últimos seis años. Solo en 2022 el aumento fue del 78,6 %, 77 hectáreas más que el año anterior.
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A pesar del duro golpe a la minería ilegal entre el 13 y 26 de febrero de 2022, con el operativo Manatí I, los mineros ilegales no dan tregua. Esta diligencia militar y policial no dejó presos ni procesados, no apuntó a los culpables, pese al decomiso de 148 retroexcavadoras y cientos de herramientas para el desarrollo de la actividad.
El daño ambiental causado por la minería legal e ilegal ya fue demostrado. Las organizaciones sociales de Napo han ganado en primera y segunda instancia una acción de protección constitucional en contra de tres instituciones del Estado.
En la sentencia se declaró como responsables de la vulneración de los derechos de la naturaleza al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Energía y Minas y a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR). Las sentencias han quedado en letra muerta, el Estado no ha remediado y la minería se ha expandido.
datos
Las cifras que delatan el comercio ilegal del oro ecuatoriano
Imagen descargada de Pxfuel, cuenta con licencia creative commons.
Ecuador no ha sido un país históricamente minero. A partir de 2014 empezaron a registrarse picos en la producción de oro. En 2019, un nuevo repunte: “Ecuador exportó casi el cuádruple de oro que Colombia y Perú combinados”, según la OEA. Pero no se conoce con certeza cuánto oro realmente se produjo.
La OEA ha advertido en su informe “Tras el dinero del oro ilícito”, de diciembre de 2022, que uno de los factores que convirtió al Ecuador en el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de la minería ilegal fue la elevación de los precios del oro. Los precios subieron en 2019 y en 2020 encontraron su pico, 65 dólares cada gramo de oro, según registra World Gold Council. Otros factores son la economía dolarizada y el precario control estatal.
Pero las cifras no cuadran. Ecuador produce menos oro del que exporta, en los reportes oficiales. El blanqueo de capitales basado en el comercio de oro obtenido de la minería ilegal se refleja, por ejemplo, en la exportación de 78 toneladas de oro entre 2010 y 2015, cuando solo se registró la producción de 37 toneladas, alertó la OEA.
La comparación entre producción y exportación de oro de los años 2020, 2021 y 2022 resulta imposible, pues no se han publicado los datos reales de producción, que deben ser registrados por la ARCERNNR. Esto se desprende del último Boletín del Sector Minero emitido por el Banco Central del Ecuador (BCE).
El dato de la producción de oro anual del 2021, pero también las cifras de 2019 y 2020, son resultado de una proyección hecha por el mismo BCE con base en sus cifras de exportación de oro y sus ventas. Según en BCE, la falta de personal no ha permitido a la ARCERNNR consolidar las cifras reales de producción.
Sin cifras reales de producción, probablemente los pronósticos del BCE sean erróneos. ¿Cuánto oro produce realmente el Ecuador? Es un misterio.
Otra alarma emitida por la OEA se refiere al desbalance entre las exportaciones y las importaciones de oro en 2019, lo que da pistas del destino del oro ilegal ecuatoriano. De las exportaciones de oro a China, por ejemplo, existe una diferencia de 262,5 millones de dólares exportados que no aparecen en los registros del BCE. Sin embargo, es Estados Unidos el principal destino del oro ecuatoriano.
El aumento inusitado de exportaciones de oro desde 2019 y la ausencia de registros reales de producción de oro, coinciden con el brote de nuevos focos de minería ilegal en Ecuador, como el caso de Napo.
Sin datos sobre Ecuador, mucho menos sabremos cuánto oro se ha explotado en Napo. Andrés Rojas, Defensor del Pueblo de Napo, denunció que la Agencia de Regulación (ARCERNNR) no ha entregado información concluyente sobre los volúmenes de producción de oro en la provincia, ni siquiera al poder legislativo cuando se abrió un proceso de fiscalización.
En Napo “la minería
legal no existe”
Napo, provincia de gran potencial turístico y ecológico, fue repartida en 208 concesiones mineras, de las cuales 52 corresponden al régimen general y pequeña minería.
Solo cuatro de ellas tienen licencia ambiental, requisito indispensable para operar legalmente, según un informe de fiscalización de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. En Napo la ley es un adorno, los concesionarios explotan oro como pueden. Napo es tierra de nadie.
El panorama no difiere a nivel nacional. El 86 % de los concesionarios bajo el régimen de pequeña minería no tienen licencias ambientales y el 90% no cuenta con el certificado de no afectación al agua, según el Plan Nacional de Desarrollo Minero (2020-2030).
La minera Terraearth Resources S.A., de origen canadiense y luego comprada por ciudadanos chinos, es la mayor concesionaria de Napo, tiene seis concesiones repartidas en casi 9800 hectáreas. En cuatro de ellas se encuentran los mayores focos de minería ilegal. Dichas concesiones han cruzado procesos de suspensiones de operaciones al menos hasta marzo de 2023, incluso una (concesión Talag) está en proceso de caducidad .
A pesar de la existencia de títulos mineros, “en Napo no existe la minería legal”, declaró el Defensor del Pueblo de Napo, Andrés Rojas. La línea divisoria entre la minería regulada y la ilegal cada vez es más difusa.
Para activistas locales, como Sandra Rueda, líder nacional de defensores de los derechos humanos y la naturaleza, la estrategia usada por Terraearth ha sido trabajar con mineros ilegales, a través de la entrega de contratos de operación minera o simplemente permitirles explotar sus concesiones. Luego la empresa los denuncia y se exculpa para no remediar los daños ambientales producidos por sus socios, denuncian los activistas.
Desde el 23 de marzo de 2022, Terraearth ha declarado al Ministerio de Ambiente “no tener responsabilidad en las operaciones mineras ilegales” en la zona de Yutzupino.
Dos técnicos ingenieros en minería contratados por Terraearth, delegados por su gerente, Hernán Lema y Erick Moreno, precisaron que la empresa, desde el desastre de Yutzupino, ha presentado más de 20 denuncias en contra de mineros ilegales, pero no han revelado sus nombres. Ninguna surtió efecto.
Sin embargo, para Rueda la empresa china trabaja en contubernio con mineros ilegales y simula denuncias que al final no prosperan. Con esta tesis coincide el Defensor del Pueblo de Napo.
Terraearth Resources S.A. se mueve entre la responsabilidad por producir daños ambientales y la declaración inconsistente de sus ganancias. Un extrabajador de la empresa, que prefirió el anonimato por temor a represalias, reveló que la minera tiene un subregistro de producción de oro. “Una parte del oro la vendían al Banco Central, la otra al mercado negro tal vez para no pagar impuestos”, señaló la fuente que, además, detalló que nunca pudo verificar la producción real de oro y que, incluso, era maquillada para declarar pérdidas.
El informe de fiscalización de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional confirma este indicio de irregularidades a nivel tributario. Tanto Terraearth como otra concesionaria de Napo, Riverhills, registran “extensas áreas intervenidas, que no son proporcionales con los reportes de producción, dejando en duda la transparencia de las declaraciones tributarias que provienen de las actividades mineras”, puntualizó el informe de la mesa legislativa.
Sin contar con los permisos legales de la autoridad ambiental, Terraearth mina como si Napo fuera el patio de su casa. “Son legales, pero solo en papeles (…) no se pueden diferenciar sus frentes de trabajo con unos ilegales”, sentenció el extrabajador de la compañía. Uno de los antecedentes de operaciones antitécnicas sucedió en la concesión Regina 1S, en cuyas inspecciones la autoridad descubrió descargas directas al río.
La selva frente
a la minería
Y de premio, una
licencia ambiental
El 1 de noviembre de 2022, la empresa china Terraearth se ganó la lotería. El Ministerio de Ambiente otorgó a favor de esta minera la licencia para la exploración y explotación del Proyecto Tena, 7 125 hectáreas, cuatro concesiones, puntos centrales de la minería ilegal. Como antecedente, la empresa desde 2018 presentó estudios de impacto ambiental antitécnicos e incumplió con los procesos de participación ciudadana desde 2020, tal como reseña este documento.
Terraearth no puede operar el Proyecto Tena a pesar de haber conseguido en tiempo récord la licencia ambiental, pues hasta el 4 de abril de 2023 el Ministerio de Ambiente le negó la certificación de no afectación de cuerpos de agua superficiales. Sin embargo, la empresa desde noviembre de 2022 ha repartido contratos de operación minera, según alertó el extrabajador de la empresa y confirmaron sus dos delegados.
La feria de los
contratos de
operación minera
Después del golpe a la minería ilegal con el operativo Manatí I, “varios mineros ilegales se acercaron a la empresa china para legalizarse a través de contratos de operación minera”, aseguró el extrabajador de Terraearth, a pesar de que las concesiones del Proyecto Tena estaban suspendidas y no podían ser explotadas.
“Los chinos vieron a los ilegales como una oportunidad de negocio”, informó la fuente que trabajó en la empresa más de tres años. Entonces, los propietarios de la compañía le preguntaron a este experto qué condiciones pedirles para firmar estos contratos, que son permitidos por la ley de minería.
“Solo que tengan máquinas y que tengan plata” fue la respuesta del gerente de la empresa, Peng Yongming, según su exempleado, sin importar su capacidad técnica. Así fue. Al menos seis intenciones de contratos de operación minera fueron firmadas con terceros desde que Terraearth logró la licencia en noviembre de 2022 hasta el día de hoy, así lo confirmaron dos técnicos ingenieros delegados por el gerente de Terraearth.
Para este extrabajador, la escasa experiencia en asuntos mineros y la poca capacidad logística de la compañía derivó en el reparto de contratos de operación minera.
Uno de los que ha firmado una intención de contrato es Ronny Alfredo Merino Gonzales, hijo de Ronal Merino, quien al menos hasta agosto de 2022 fue coordinador zonal de la Agencia de Regulación minera en la provincia de Chimborazo; también fue funcionario del Ministerio de Ambiente. La explotación de oro será justamente en la concesión Confluencia, la zona cero de la minería ilegal, así lo confirmó Hernán Lema.
Ronal Merino, junto a sus dos hijos y familiares han levantado un conjunto de empresas domiciliadas en Guayaquil (en la costa de Ecuador) con objetos de negocio contrapuestos, unas encargadas de la remediación ambiental (Bioética S.A y la Consultora Ambiental Huellaverde S.A) y otra, a la minería, según el registro de la Superintendencia de Compañías del Ecuador.
Ronny Merino es gerente de Metalcarp S.A, minera constituida el 30 de noviembre de 2022, justo después de la firma de la intención de contrato con Terraearth. Su padre, Ronal Merino, reconoció la existencia de ese contrato y puntualizó que las operaciones iniciarán “cuando Terraearth le permita”. Pero Merino negó toda vinculación empresarial con la minería.
Las empresas de la familia de Ronal Merino
“Los operadores mineros vendían el oro por fuera, pero Terraearth no controlaba la producción del oro de sus propios operadores ni el respeto de la cantidad de hectáreas permitidas de explotar según la ley. Solo esperaban que les paguen los $15.000 al mes”, reveló el extrabajador de la compañía. Pese a esto, los dos delegados de la empresa negaron que la actual administración de Terraearth haya firmado algún contrato de operación minera antes de enero de 2023.
El grave problema para el exempleado de Terraearth, además de la ilegalidad de firmar contratos de operación en concesiones suspendidas y que no cumplen con los requisitos, es que estos contratos constituirían el mecanismo para rebasar los límites de explotación permitidos para la pequeña minería, (1.500 metros cúbicos diarios).
El ex vice ministro de Energía y Minas de Ecuador, Enrique Gallegos, explicó que cuando un concesionario quiere firmar contratos de operación minera “no existe limitante” y que es la Agencia de Regulación la que controla que no se rebase los volúmenes de producción. En el caso de Terraearth, empresa con indicios de registros fraudulentos de su producción, dicha Agencia no ha levantado ninguna alerta.
La ARCERNNR no respondió a la solicitud de entrevista con su director general, Luis Maingón, ni a los pedidos de información si la entidad lleva un control de los volúmenes de producción de oro de los operadores y si las condiciones de explotación cumplen con el régimen de pequeña minería.
Rehabilitación
ambiental mientras
se explota oro
Terraearth presentó un plan de rehabilitación de las zonas afectadas por la minería ilegal el 31 de agosto de 2022. Se trata de un plan de restauración ambiental muy particular. El gerente Peng Yongming propuso relavar lo que quedaba del oro en Yutzupino y Naranjalito (concesiones El Icho, Confluencia, Anzu Norte, Talag, y Regina 1S) “como estrategia para que los terrenos intervenidos pierdan interés a los operadores ilegales”. La rehabilitación ambiental ordenada por la autoridad vendría después.
Este plan para remediar el daño ambiental mientras se explota el remanente de oro fue aprobado por la autoridad ambiental en diciembre de 2022. Sin embargo, en dos oficios la Agencia de Regulación y Control y el ministerio de Ambiente advirtieron que la empresa no puede ejecutar actividades de explotación de oro aluvial, sino “ejecutar únicamente las medidas correctivas aprobadas en el plan de acción”. Terraearth ha inobservado estas disposiciones pues aseguran que sí pueden operar.
Pero las imágenes satelitales muestran lo contrario. La zona donde se ejecuta el plan de remediación es una nueva zona de expansión de minería ilegal, donde opera maquinaria pesada y clasificadoras de oro tipo Z. Terraearth negó la presencia de mineros ilegales, salvo ellos que sí explotan oro de forma ilegal, bajo el eufemismo de “aprovechamiento o relavado de remanente de oro”. Las dos fuentes de la compañía definieron así la actividad.
Minería ilegal registrada en marzo de 2023 en Naranjalito, zona de rehabilitación. Imágenes cedidas por José Moreno
Minería ilegal
Continúa en Naranjalito y Yutzupino. Colectivos sociales denunciaron explotación ilegal junto al rio Jatunyaku
Cristina Aguilar, asistente de sistemas de información geográfica de Ecociencia, parte del proyecto MAAP, explicó que en las imágenes satelitales de Naranjalito se identifica minería a cielo abierto, pero no permite diferenciar si las retroexcavadoras realizan trabajos de reafirmación del suelo.
Terraearth tiene un contrato de seis meses con la Consultora Ambiental Huellaverde S. A., para la rehabilitación de 25 hectáreas en Naranjalito, como un plan piloto, según informó Ronal Merino, su gerente. Hernán Lema, delegado de Peng, confirmó que “sí se está obteniendo oro” desde el 20 de enero de 2023 en la zona de Naranjalito, porque el ministerio de Ambiente aprobó su Plan de rehabilitación.
El dueño de Huellaverde confirmó que en el área se está relavando el oro mientras se remedia, pero a cargo de la empresa china, con una logística de al menos diez retroexcavadoras. “Incluso eso (el relavado de oro) es lo que permite pagar la remediación”, adelantó.
Ronal y Ronny Merino, padre e hijo, trabajan para la empresa china: el primero, remediando mientras se lava oro ilegalmente, y el segundo, próximo a ejecutar un contrato de operación minera, en la misma concesión (Confluencia), el foco del festín minero.
Solo bastaron pocos meses para convertir un paraíso verde en un desierto sembrado de cráteres
Esta es la marca que ha dejado la minería en Napo, una huella de sangre y de despojo producto de la explotación de un oro que en parte termina comerciado ilegalmente en el mercado internacional.
Napo se queda con cerca del 60 % de índice de pobreza, con seis sicariatos de febrero a octubre de 2022, vinculados al crimen organizado, desde que despuntó la minería ilegal.
Pero Napo también se queda presa de una compañía minera que de legal solo lleva el membrete.
7 de mayo de 2023 en Naranjalito. La minería ilegal no cesa. Imágenes cedidas por José Moreno
EL ORO, UNA MALDICIÓN PARA
NARANJALITO
Sobrevuelo por los frentes mineros instalados en Naranjalito, en la concesión Confluencia de Terraearth Resources S.A. Video cedido por José Moreno.
Reportajes de
Investigación
Nina Osorio
PERIODISTA
Periodista ecuatoriana. Ha trabajado en varios proyectos de periodismo de investigación. Es máster en Sociología Política por Flacso-Ecuador. Actualmente cursa el máster en Periodismo de Agencia de EFE y UC3M.
