50 historias de horror y un grito desesperado
Sobre el acoso en las aulas en el Colegio Vicentino
En Pastaza, el domingo 14 de marzo las redes se encendieron. La denuncia de la ex estudiante de la U.E San Vicente Ferrer (Colegio Vicentino), Lizeth Valdivieso, sobre el acoso que vivió hace más de 10 años en su colegio, desató una avalancha de historias dolorosas en Facebook. Se abrió la caja de pandora.
Adolescentes que actualmente estudian en esta institución de Pastaza y otras jóvenes que abandonaron las aulas habían guardado en sigilo episodios incómodos, violentos y vergonzosos, durante años. Ellas denunciaron en sus muros y vía mensajes al profesor L. Pacheco, y otros licenciados por acoso sexual. También estudié en el Vicentino, y aunque yo nunca experimenté acoso, esto era un “secreto a voces”.
Las casi 50 denuncias vía redes sociales que aparecieron desde ese domingo son testimonios de personas reales, no son simples cifras cuando el Estado las contabilizan, son historias de adolescentes que decidieron cesar el silencio. Lo que ha sucedido esta semana en Puyo es la eclosión de un problema latente, el de la violencia sexual y el acoso en el ámbito educativo.
En las escuelas y colegios ecuatorianos hay problemas estructurales de normalización de la violencia y acoso en contra de las mujeres, también en contra de estudiantes varones. Pero lo más doloroso es el evidente encubrimiento de docentes y autoridades, que prefirieron conservar en formol el prestigio de su institución, durante años, que proteger a sus estudiantes acosadas.
De las denuncias recabadas por varias jóvenes del Colegio Vicentino se desprende que los rectores conocían del acoso en las aulas, que las estudiantes acudieron al DECE (Departamento de Consejería Estudiantil) pero simplemente ellos decidieron ser cómplices de los maestros victimarios. En el colegio no solo que hubo omisión sino “pactos de silencio”. El tema que nos atañe es la impunidad y la tolerancia institucional como formas de violencia, como otros modos de atentar contra los derechos humanos.
Siento al escribir estas líneas, tanto como ustedes, cómo la piel se eriza al leer estos testimonios publicados en las redes de varias muchachas del Vicentino; en total, hasta el 17 de marzo, son 50 casos, según la ex estudiante Valdivieso. Historias reiteradas que apuntan en su mayoría al profesor L. Pacheco; a otros nuevos, a ciertos maestros que ya se jubilaron y otros que aún siguen dando clases, a pesar de que fueron denunciados.
Acoso sexual y hostigamiento sexual se desprende a simple vista de estos testimonios. Ascoso sexual físico que se expresa con tocamientos o acercamientos innecesarios, o en formas no verbales, como silbidos, gestos de connotación sexual.
Existe hostigamiento sexual para “demostrarle a la persona subordinada que se tiene el poder sobre ella, no sólo en el campo donde se desempeñan, sino sobre su sexualidad, su cuerpo” (Quintero 2020, 1). En colegios y universidades maestros utilizan el chantaje, cultivan el miedo en sus alumnas, que les harán perder el año o les pondrán cero si no acceden a sus propuestas impropias. Cuando no hay consentimiento hay acoso, hay violencia.
Acoso y hostigamiento sexual rondan por las aulas del Colegio Vicentino, según las jóvenes que rompieron el silencio y el lunes 15 de marzo cuando se plantaron frente a la Dirección de Educación en Pastaza. Ellas exigen aulas sin acoso, protección y destierro de la impunidad.
¿Por qué el abuso sexual es el himno de cada lunes en varios planteles?
Existe un gran vacío en el modelo educativo ecuatoriano: la implementación de programas integrales de educación en salud sexual y reproductiva en las instituciones educativas como mecanismo preventivo, que permite a los niños, niñas y adolescentes (NNA) detectar tempranamente el abuso, el acoso y las vías para poder defenderse.
De eso se trata la salud sexual, pero muchos grupos destilando moralina se oponen a que el Estado tome el sartén por el mango, y dé insumos a los NNA para que puedan protegerse de los abusos. Muchas de las jóvenes del colegio en mención pensaron en su tiempo que el acoso era normal. Si el Estado no provee la información para que los niños y adolescentes comprendan la violentica y la expresen ¿quién lo hace?
Visibilizar la violencia es la primera forma de erradicarla. “El derecho a la educación sexual y reproductiva integra el derecho a la educación”, sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero con claridad, este enfoque es rechazado por quienes dirigen la U. E San Vicente Ferrer.
Un colegio católico, que incluso obliga a sus estudiantes a asistir a marchas respaldando la causa “Con mis hijos no te metas”, para evitar que el Estado brinde educación sexual en los colegios. Sí, este colegio que después de conocer constantes denuncias a sus estudiantes, condecoró al profesor L. Pacheco el 20 de noviembre del 2020, por sus 25 años como docente. ¿Hasta cuándo?
Lo que sucede en Puyo hoy es una historia de nunca acabar. En el 2017, Ecuador sucumbió con escalofriantes denuncias de acoso sexual en el ámbito educativo. 41 niños y niñas fueron abusados, torturados sexualmente por un docente de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (AAMPETRA).
El caso Aampetra es una evidente muestra de que las escuelas y colegios no son siempre el lugar más seguro para nuestros hijos. Pero lo más doloroso de estas denuncias es que el Estado sigue ausente, no previene, no sanciona y no protege a los niños, niñas y adolescentes.
Así como el caso Aampetra terminó en una lluvia de denuncias, cuando la ex estudiante del Colegio Vicentino decide denunciar a su profesor en su muro de Facebook, todo creció como una bola de nieve porque las demás víctimas sintieron a ese como un lugar seguro y de respaldo para ser escuchadas. Las historias señalan al mismo sujeto y a conductas reiteradas, que agresores de oficio propician a sus estudiantes durante años.
Así como el caso Aampetra terminó en una lluvia de denuncias, cuando la ex estudiante del Colegio Vicentino decide denunciar a su profesor en su muro de Facebook, todo creció como una bola de nieve porque las demás víctimas sintieron a ese como un lugar seguro y de respaldo para ser escuchadas. Las historias señalan al mismo sujeto y a conductas reiteradas, que agresores de oficio propician a sus estudiantes durante años.
Y es que Ecuador tiene una bitácora de casos de abusos en las aulas. ¿Recuerdan el caso Guzmán Albarracín VS Ecuador ante la CIDH? Paola Guzmán Albarracín fue una adolescente que desde los 14 años soportó violencia sexual del vicerrector y del médico de su colegio en Guayaquil.
Después del acoso reiterado, ella quedó embarazada a los 15 años producto de una violación. El agresor, el vicerrector Bolívar Espín, le obligó a interrumpir su embarazo con el médico del mismo colegio, quién también la agredió sexualmente. Al final, ella cayó en depresión y se suicidó ingiriendo fósforo blanco en 2002. Este caso llegó a la CIDH 18 años después, y la Corte falló a favor de Paola el 14 de agosto del 2020.
Este triunfo constituye la primera sentencia continental sobre violencia sexual en instituciones educativas; además, por primera vez, se estableció estándares para prevenir y proteger a los NNA por violencia sexual en contextos educativos. El caso Guzmán Albarracín es un precedente contra la violencia sexual en las aulas.
Pastaza, entre las más violentas contra las mujeres en el ámbito educativo
El terror circunda en la vida de los NNA con fuerza y el Estado no ha logrado aún proporcionarles un sitio seguro para estudiar. En los últimos seis años se han recibido más de 11.000 denuncias de violencia contra menores en centros educativos, donde muchos agresores continúan dando clases en otras escuelas.
Hasta abril del 2018, el Ministerio de Educación reportó que 2678 casos de violencia sexual fueron cometidos en espacios educativos, de los cuales 1256 fueron perpetrados, principalmente, por docentes y autoridades, aunque también por conserjes, conductores y adolescentes varones contra niñas y adolescentes.
Según la ONG Human Rights Watch, 4.221 estudiantes sufrieron violencia sexual en instituciones educativas entre 2014 y mayo de 2020. En la encuesta de Violencia Contra las Mujeres (ENVIGMU) que realizó el INEC en 2019 se desprende que, a nivel nacional, a lo largo de la vida, 19 de cada 100 mujeres experimentaron algún tipo de violencia por en el ámbito educativo.
“El acoso escolar tiene lugar, principalmente, en las aulas. Le sigue, el patio o las canchas de la escuela y, en tercer lugar, los exteriores del centro educativo.” (Ministerio de Educación 2015).
En las historias de las estudiantes del colegio Vicentino se reitera que muchas de ellas no identificaban como tal el acoso, y las que sí, miraban con decepción cómo estas prácticas se percibían como naturales por compañeros y docentes.
La natutalización de la violencia o el acoso a las mujeres ocurre porque no hay una sociedad que las escuche ni las crea. El razonamiento del común es que la víctima se lo buscó, que se vistió provocativa. Así acusan muchos a las decenas de estudiantes de Puyo; así le pasó a Paola Guzmán.
Las cifras no mienten y son escalofriantes. Pastaza posee la tercera tasa más alta del país de violencia contra las mujeres en el ámbito educativo, un 25.4%, después de Azuay y Cotopaxi (INEC 2019). Además, nuestra provincia posee una tasa del 42.1% de violencia en contra de mujeres mayores de 15 años, en el ámbito familiar. Sí, Pastaza rankea como la más violenta en contra de nosotras.
“Yo tengo miedo de hablar porque no me quiero meter en problemas”
Miedo a las represalias es la contante de todas las denuncias en Pastaza. Por eso, otro debate que surge por este tipo de casos tiene que ver con la tardanza de las denuncias. Las redes pueden ser un termómetro del pensamiento social. Después de revisar las denuncias de las estudiantes de Puyo en redes, también el comentario recurrente de aquellos que las culpabilizan y tratan de justificar al profesor L. Pacheco por “su buen nombre”, la gente pregunta ¿por qué no denunciaron antes? ¿Por qué justo ahora?
En el Ecuador aquellas mujeres que las manosearon o tocaron su cuerpo sin su consentimiento, que le hicieron insinuaciones sexuales a cambio de mejorar sus notas en sus instituciones educativas, en un 96,6% no denunciaron ante ninguna autoridad, y solo un 55,9% le contó del incidente con sus profesores a un conocido o familiar (INEC 2019). Esto, en un sentido crudo y desgarrador, se llama impunidad para los agresores. ¿Pero por qué sucede esto?
Varias son las razones, pero las fundamentales: el miedo, la culpabilidad y la vergüenza. Cuando la versión de una mujer es minimizada, en las cortes y por la sociedad entera, por su forma de vestir, caminar, las altas horas de la noche en que está fuera de casa, donde se la culpabiliza de antemano por el hecho de ser mujer, se crea un ambiente hostil para denunciar de la violencia de género.
Las víctimas no hablan, o denuncian tarde por el miedo a la reacción del agresor, otras porque no reconocen de forma temprana que lo experimentado fue acoso o violencia, incluso, muchas se sintieron culpables de la situación y tuvieron vergüenza de contarlo. Muchas tienen miedo a ser estigmatizadas y no ser creídas.
Nuevamente, los números están allí y no son susceptibles de subjetividades. La diferencia entre denuncias por violencia de género y sus condenas es grande en el Ecuador. Para el 2016, según la Fiscalía, de las 73 873 quejas solo en 400 casos hubo sentencias condenatorias.
Por otro lado, desde el 2014 hasta el 2019, en las oficinas fiscales del país reposan 338 166 casos de delitos de género, que aún no han llegado a una sentencia en contra de los agresores. La comisión Aampetra creada en la Asamblea Nacional descubrió más de 4.584 casos de abuso sexual cometidos y detectados en el ámbito educativo entre 2015 y 2017. De esos, tan solo 734 habrían sido judicializados.
¿Por qué muchas mujeres no se atreven a denunciar? Porque el sistema judicial en Ecuador no funciona, no confiamos en un aparataje que no nos cree. Vivimos en un contexto de asimetrías tales, que hasta consideramos valientes a las mujeres que rompen el silencio. Pocos son los espacios donde nos sentimos seguras para denunciar, a veces no en los hogares, no en el sistema de justicia, mucho menos en la institución educativa.
Las autoridades “firman pactos de silencio”
En medio de todas estas violencias, otro aspecto que impide que las víctimas gocen de un espacio seguro en busca de justicia y reparación, es la complicidad de las autoridades de los planteles. Como salidas del fondo de un pozo oscuro se leen las historias de impunidad de las estudiantes:
“En aquel tiempo sabían de estas quejas en el colegio Vicentino y no solo yo sino muchas amigas mías, además la psicóloga del colegio sabía de las quejas, incluso el rector sabía de lo mío y no hicieron nada”.
Una estudiante, después de haber grabado en secreto la voz del profesor L. Pacheco y sus intenciones de propasarse con ella, acudió al rector del colegio, en ese entonces Isidro Rodríguez, y él respondió: “prefiero perder un alumno y no un profesor”. En síntesis, este colegio católico encubrió y exculpó a los docentes que acosaban a sus alumnas.
En la sentencia de la CIDH del caso de Paola Guzmán Albarracín se afirma que el personal del colegio conocía el caso de Paola, pero lo ocultaron, la culpabilizaron, y cuando se supo de la muerte de la joven, buscaron la impunidad del vicerrector violador.
Si revisamos todos los casos judicializados en torno a acoso y violencia sexual en el contexto educativo, se repiten los mismos patrones: abuso de autoridad, acoso, luego la violación, hostigamiento, enmudecimiento de las autoridades; en fin, la impunidad.
Después de que entendamos que detrás de cada uno de los comentarios o publicaciones hay una mujer de verdad que tuvo una sensación de horror (o varias) de un nudo en la garganta durante años hasta lograr graduarse, habremos experimentado lo que es la empatía. El derecho a la educación trae consigo el convivir en un entorno seguro.
Estoy segura que historias como estas son la columna vertebral de muchas escuelas y colegios. Al menos espero, que la partida de Paola nos haya dejado una lección, que sirva, que mueva la conciencia, y se exija que dicha sentencia única sea práctica en la vida de todos los estudiantes de este país.
“A las aulas voy a estudiar, no a que me acosen”, “si tocas a una respondemos todas”, “ya callamos suficiente”, “en el pasado fui yo, en el presente mi hija, en el futuro ni una más”, “nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio”, son las consignas del plantón en Puyo, del 15 de marzo. Y seguirán allí hasta que las escuelas, los colegios, las familias y el Estado escuchen este grito desesperado.
Referencias
Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2020, Caso Guzmán Albarracín y otras Vs. Ecuador. Sentencia de 24 de junio de 2020. (Fondo, Reparaciones y Costas). Costa Rica. URL: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_405_esp.pdf
INEC, 2019, ENVIGMU. Encuesta nacional sobre relaciones familiares, y violencia de género contra las mujeres. Noviembre del 2019. URL: https://bit.ly/38UITdm
Ministerio de Educación, 2015, “Una mirada profunda al acoso escolar en Ecuador. Violencia ente pares en el sistema educativo”. Opinión Pública y UNICEF. URL: https://bit.ly/3lu7ACk
Quintero, Sandra, 2020, “El acoso y hostigamiento sexual escolar, necesidad de su regulación en las universidades”. La ventana. Revista de estudios de género, 6(51), 245-271. Epub 16 de septiembre de 2020. https://doi.org/10.32870/lv.v6i51.7083
